Andry José Suárez Perozo y Edgar Atilio Nava García, fueron detenidos en septiembre del 2022, por usurpar las patentes de un reconocido pegamento y lucrarse con su venta, en Santa Rosa de Agua, así lo reseñaron para ese momento en la cuenta oficial del director de la Policía Científica.
Luego de cuatro días fueron dejados en libertad bajo una medida, pero el proceso judicial siguió bajo investigación, extendiéndose por tres años, tiempo que, según Suárez, se han cometido severas irregularidades.
"Me acerqué a este medio de comunicación para realizar mi derecho a réplica y a exponer que no vendo y nunca he vendido pegamento "chimbo", como así lo expusieron. A mi negocio llegó una comisión del CICPC por una denuncia que efectúo alguien para mal ponerme, y todo ello porque vende el mismo producto que yo realizo", comenzó a relatar Suárez, para Noticia al Día.
El hombre agregó, que en el momento de la aprehensión le incautaron gran parte de su mercancía. "Mi trabajador y yo vamos a una audiencia y nuestro abogado alegó que usurpación de patente no reviste carácter penal, pero nos pidieron unos fiadores para dejarnos en libertad y me entregaron todos mis implementos".
Tres delitos distintos
Suárez explicó, que al momento de recibir su mercancía con documento en mano, el fiscal les indicó que ahora los iban a acusar por el delito de hurto. "Ya no era por usurpación de patente, ahora nos estaban señalando por otro delito. En hurto, el fiscal 46, Emiro Araque, hace su investigación y nos termina dando todos los productos incautados porque el denunciante no pudo demostrar con factura que eso era de ellos. Me dan mis pertenencias, un sobreseimiento provisorio y en enero del 2023, cuando estábamos en la audiencia esperando el cierre de la investigación, nos indican que ahora nos iban a abrir otra investigación por el delito de usurpación de patente por un tribunal penal, cuando ya lo habían dejado atrás y cuando esa acusación debía llevarla un tribunal mercantil".
Según Suárez, la batalla penal siguió sin respuesta alguna, sin acusaciones y sin señalamientos. "Ahora en juicio cambiaron el calificativo al artículo 333 del COP, y ahora el delito es por aprovechamiento, que yo compré cosas provenientes del delito, cuando nosotros contábamos hasta con el registro del SAPI, para ese momento".
"Le pido al fiscal Tarek William Saab que se haga un seguimiento y que un fiscal en materia mercantil revise nuestro caso. Esto es delicado y no puede ser que un comerciante por tener dinero pueda opacar y desaparecer a otros emprendedores. Han pasado demasiadas irregularidades y nosotros no podemos pagarle a ningún juez para que nos dé una absolutoria", añadió Suárez en su testimonio.
Noticia al Día
