Lo que comenzó como una respuesta de emergencia durante el caos sanitario de 2020 ha terminado en un escándalo judicial que sacude al sistema de salud de Río Negro en Argentina.
Una mujer de la zona del Alto Valle, cuya identidad se mantiene bajo reserva mientras avanza la causa, logró ejercer como médica cirujana durante casi cinco años utilizando una estructura de mentiras que finalmente colapsó este mes.
La denuncia, radicada por el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, ante la Fiscalía General, imputa a la mujer por los delitos de “ejercicio ilegal de la medicina” y “falsificación de documentos públicos”.
El origen del engaño: El «caos» como oportunidad
En agosto de 2020, en el pico de la pandemia, la implicada presentó ante el Ministerio de Salud una carpeta impecable: un título de médica cirujana supuestamente otorgado por la Universidad de los Andes (ULA) de Venezuela y una convalidación de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), todo certificado por escribano público.
“No vino con un simple papelito. Tenía toda la documentación bien armada”, explicó Natalia García, secretaria legal del Ministerio. La funcionaria subrayó que la matrícula se otorgó en un momento donde la verificación inmediata era imposible debido al cierre de las instituciones académicas por el confinamiento.
El derrumbe de la falsa cirujana
La sospecha inició recientemente dentro de la Clínica Roca, uno de los centros privados donde la mujer desempeñaba funciones, junto a otras instituciones en Villa Regina. Tras detectar inconsistencias en su praxis o en su legajo, el área de Fiscalización Sanitaria inició una revisión exhaustiva que arrojó resultados demoledores:
Sin registros en Venezuela: La Universidad de los Andes confirmó que la mujer nunca fue alumna ni egresada de su facultad de medicina.
Sin aval local: La UNCo desmintió haber realizado cualquier proceso de reválida o convalidación para dicha persona.
Ante la contundencia de las pruebas, el Ministerio suspendió su matrícula profesional en marzo de este año, aunque advirtieron que la medida solo tiene alcance provincial, lo que representa un vacío legal si la acusada intentara ejercer en otras jurisdicciones.
Bajo la lupa judicial
La causa ha quedado en manos de la fiscal Celeste Benatti, de General Roca, quien ya coordina las pericias sobre el legajo personal de la acusada. Mientras tanto, las clínicas donde trabajó realizan auditorías internas para determinar si su falta de formación técnica derivó en daños a la salud de los pacientes intervenidos durante este periodo.
Este caso se suma a una preocupante lista de impostores en el área de salud detectados en el último año, reabriendo el debate sobre los protocolos de verificación de títulos extranjeros y la vulnerabilidad de los controles administrativos en tiempos de crisis.
Noticia al Día / Con información de Infobae
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