El Ministerio Público de Venezuela denunció que, tras enviar el pasado 30 de marzo una solicitud a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para intervenir en defensa de 252 ciudadanos venezolanos detenidos en ese país, recibió una respuesta tardía y evasiva más de 80 días después.
La institución calificó como “vergonzosa” la comunicación emitida por la Sala de lo Constitucional, al considerar que esta elude su responsabilidad de garantizar los derechos fundamentales de los afectados, quienes fueron trasladados desde Estados Unidos a El Salvador sin haber cometido delito alguno.
La Corte salvadoreña declaró improcedente la intervención alegando la falta de requisitos formales y el uso inadecuado de los canales diplomáticos. También desestimó el recurso de habeas corpus presentado por abogados defensores, argumentando imprecisiones en la información suministrada sobre los hechos y autoridades involucradas.
Según el Ministerio Público, estas justificaciones son “formalismos falaces” que buscan evitar el análisis de fondo del caso y negar la evidente privación ilegítima de libertad. Incluso cuestionaron la exigencia de probar hechos ampliamente conocidos, como el traslado de los detenidos al penal CECOT bajo una fuerte exposición mediática.
La Fiscalía reiteró su rechazo a cualquier forma de detención arbitraria o desaparición forzada, y reafirmó su compromiso con el respeto al debido proceso. Asimismo, informó que se han entrevistado a 116 familiares de los venezolanos retenidos, cuyos testimonios están disponibles para los órganos de justicia salvadoreños.
El pronunciamiento concluye señalando la falta de cooperación del Estado salvadoreño y el incumplimiento de sus compromisos con el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Noticia al Día / Ministerio Público
