Algo profundo está cambiando en la forma como los ciudadanos en Venezuela buscan justicia. Mientras los canales ordinarios se atascan en trámites, sellos, listas de espera o desinterés institucional, surge con fuerza una doble alternativa que cuestiona el modelo clásico: las denuncias espontáneas a través de redes sociales y las jornadas institucionales en comunidades, como “TSJ en la Calle” y “Ministerio Público va a tu Comunidad”. En ambos casos, la percepción de eficacia supera con claridad a la de los procedimientos tradicionales.
Un reclamo por Instagram o TikTok, en no pocos casos, logra en 24 horas lo que no se resuelve en dos años de expediente. Una historia viral puede provocar la apertura inmediata de una investigación, la reacción de un funcionario de alto nivel o una medida de protección urgente. No es que el teléfono reemplace al expediente, pero sí lo desplaza como la herramienta a la que primero recurre el ciudadano. En un entorno donde denunciar equivale a desgaste, miedo o indiferencia, las redes se han convertido en el nuevo buzón de quejas del país.
Estas jornadas móviles, pensadas inicialmente como ejercicios pedagógicos o de orientación, se han transformado en verdaderos espacios de gestión institucional. No solo permiten recibir denuncias, revisar causas o dictar medidas de protección, sino que acercan al ciudadano a niveles jerárquicos que, en condiciones normales, resultan inaccesibles. En estos espacios, muchas personas logran plantear su situación directamente a autoridades que rara vez reciben al público en una sede formal.
Allí donde el tribunal no llega por su ubicación o su rigidez estructural, la justicia se presenta con carpa, escucha activa y presencia institucional. La distancia se acorta. El proceso se humaniza. El ciudadano ya no consigna: habla. Y lo escucha alguien con capacidad de decisión.
Lo paradójico es que estos mecanismos complementarios están cumpliendo funciones que deberían garantizarse por la vía regular. Para muchas personas, una jornada comunitaria o una denuncia en línea resulta más efectiva que acudir a una oficina. Y eso, lejos de ser anecdótico, es una señal de alarma. Cuando lo extraordinario sustituye lo normal, lo normal ha dejado de cumplir su función.
Esto no significa abandonar el rigor del proceso. Toda denuncia requiere garantías, documentación, seguimiento. Pero la pregunta es inevitable: ¿por qué tanta gente acude primero a lo extraordinario? La respuesta no está en la cultura digital ni en el populismo institucional, sino en algo más básico. Las personas solo insisten donde alguien las escucha.
Frente a este escenario, la política judicial tiene un desafío evidente. No basta con defender la institucionalidad desde el discurso. Hay que reconstruirla desde el resultado. Si estos modelos de atención directa y visibilidad digital están generando soluciones reales, el sistema debe asumir la lección. Se necesita un Ministerio Público que actúe ante lo que ocurre en línea, un tribunal que se acerque al ciudadano, una justicia que entienda que su legitimidad se construye también en la práctica, en el contacto humano y en la capacidad de resolver.
En esta etapa del país, la justicia no puede permanecer encerrada entre códigos y paredes. Está en la calle, en la denuncia pública, en el reclamo legítimo del que no puede esperar más. Y cuando no lo oyen, el ciudadano no se queda callado, publica.
Dr. Juan Pablo Montiel
Abogado penalista
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