Este lunes, 5 de enero, fue publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 6.954, el decreto de Estado de Conmoción Exterior, estableciendo un conjunto de medidas excepcionales que amplían de forma significativa los poderes del Ejecutivo y profundizan la militarización del país.
El documento, con fecha del sábado, está firmado por el presidente Nicolás Maduro, capturado esa madrugada por militares estadounidenses y actualmente preso en Nueva York.
El texto oficial ordena la movilización de la Fuerza Armada, autoriza el uso de “todo el potencial existente” y somete a control militar sectores estratégicos de la nación, entre ellos la industria petrolera, los servicios básicos y otras áreas consideradas esenciales para el funcionamiento del Estado.
Asimismo, el texto también faculta al Ejecutivo a restringir el libre tránsito, cerrar fronteras, limitar reuniones y manifestaciones, requisar bienes y dictar regulaciones económicas y sociales excepcionales.
Aunque el decreto se justifica oficialmente en la existencia de una “amenaza externa”, el alcance de las medidas apunta principalmente al control interno.
El decreto tiene una vigencia inicial de 90 días, prorrogables, y deja sin efecto cualquier ley incompatible con las medidas adoptadas.
¿Qué es un estado de Conmoción Exterior?
En horas de la madrugada de este sábado, 3 de enero, Venezuela declaró Estado de Conmoción Exterior en el país, tras las explosiones registradas en Caracas, que derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.
El Estado de Conmoción Exterior es una modalidad de Estado de Excepción que el gobierno puede declarar cuando considera que la seguridad del país está amenazada desde el exterior, como en casos de agresiones o amenazas militares.
Su finalidad principal es proteger la soberanía, los intereses nacionales y la integridad de las instituciones, autorizando al Ejecutivo a tomar medidas extraordinarias que normalmente no podrían aplicarse en situaciones ordinarias.
Esta figura permite, por ejemplo, movilizar a la fuerza armada y adoptar acciones inmediatas de defensa, pero siempre dentro de los límites establecidos por la Constitución y las leyes, y con la supervisión de los órganos parlamentarios y judiciales correspondientes.
La Ley Orgánica de Estados de Excepción, en su artículo 22, establece que cuando el presidente declara un estado de excepción, el decreto tiene fuerza de ley una vez aprobado en el Consejo de Ministros, y debe publicarse en la Gaceta Oficial y difundirse de inmediato por todos los medios de comunicación.
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