La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció de manera oficial este viernes, 22 de mayo, que el próximo 1 de junio arrancará en todo el territorio nacional un proceso de consulta pública. Esta iniciativa tiene como objetivo principal reformar el sistema de justicia penal del país y superar problemas críticos que arrastran las instituciones del Estado, tales como el retardo procesal y las fallas en los tribunales.
Durante una reunión transmitida en vivo por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria explicó el propósito de esta medida. «Todo el sistema de justicia penal en Venezuela se articula con un único fin, que es lograr una reforma donde la justicia alcance para todos los venezolanos», indicó Rodríguez para fundamentar las decisiones legales que se vienen tomando en el Ejecutivo.
Los tres grandes problemas detectados y denuncias de corrupción
La presidenta encargada detalló que, tras realizarse un primer diagnóstico profundo dentro de las instituciones judiciales, las autoridades encontraron tres desafíos urgentes que deben resolverse con rapidez: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza. Sobre este último punto, Rodríguez reveló una estadística alarmante de los estudios internos del Gobierno, la cual determinó que el 68 % de las personas que actualmente se encuentran encarceladas en el país pertenecen a los estratos económicos y sociales «menos favorecidos» de la población.
De igual manera, la funcionaria lanzó una fuerte denuncia pública en contra de las malas prácticas que ocurren en las sedes judiciales. Aseguró que actualmente existen jueces en el territorio nacional que se dedican a pedir «comisiones» de dinero o a extorsionar a los detenidos y a sus familiares a cambio de otorgarles las medidas de libertad que por derecho les corresponden.
Reforma Parcial de la Ley Orgánica del TSJ
Para empezar a atacar el problema del retardo procesal, Rodríguez recordó que este mismo viernes firmó la Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Explicó que este instrumento legal aumentó la cantidad de magistrados principales dentro del máximo tribunal de la república, pasando de 20 a 32 magistrados, una medida con la que espera que se incremente de forma inmediata la actividad judicial y la revisión de expedientes acumulados.
Finalmente, la presidenta interina hizo un llamado categórico a todos los sectores para que no se politice ni se utilice con fines partidistas este debate nacional. «Yo pido que no haya utilización ni política ni partidista de un proceso que busca genuinamente la transformación del sistema penal en nuestro país», subrayó Rodríguez. Cabe recordar que el pasado mes de abril, la mandataria ya había instalado de manera formal la comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, buscando erradicar los males y vicios que persisten en los tribunales y centros penitenciarios.
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