Este jueves 21 de agosto, una jueza federal prohibió a las administraciones de DeSantis y Trump traer nuevos detenidos a Alligator Alcatraz y exigió al estado que redujera las operaciones en el centro de detención migratoria en un plazo de 60 días.
La jueza federal de distrito Kathleen Williams, en su fallo de 82 páginas, prohibió a los gobiernos estatal y federal enviar más inmigrantes al centro de detención, construido sobre una pista de aterrizaje en el límite de la Reserva Nacional Big Cypress. También ordenó al estado que retirara todos los generadores, el gas, el alcantarillado, la iluminación, las cercas y otros desechos durante las próximas nueve semanas que contribuyeron a transformar la pista de aterrizaje en un centro de detención, volviéndolo finalmente inhabitable.
Williams afirmó que espera que el continuo traslado de detenidos fuera de Alligator Alcatraz permita que la eventual retirada gradual del equipo se realice “de manera segura, humana y responsable”.
La orden de Williams una medida cautelar que se mantendrá vigente mientras el caso continúe en litigio surge de una demanda interpuesta por grupos ambientalistas y la Tribu Miccosukee, quienes argumentan que los gobiernos estatal y federal recortaron gastos importantes al construir el sitio en cuestión de días.
La Tribu y los grupos ambientalistas habían solicitado al juez que otorgara una medida cautelar que clausurara el sitio hasta que se realizara una revisión ambiental adecuada, alegando el daño “irreparable” que la instalación podría causar a los Everglades.
Williams escribió que las instalaciones en Alligator Alcatraz probablemente tendrían consecuencias para la Tribu y el entorno circundante, incluyendo especies en peligro de extinción como la pantera de Florida. Añadió que la escorrentía de 800,000 pies cuadrados de pavimento nuevo fluiría hacia el sureste, hacia el territorio tribal, y que la iluminación, que podría verse a una distancia de hasta 30 millas por la noche, interrumpiría el ecosistema del murciélago de Florida.
También afirmó que era evidente que los gobiernos estatal y federal no hicieron ningún esfuerzo por realizar un estudio sobre el impacto del sitio antes de confiscar la pista de aterrizaje al condado de Miami-Dade y construir apresuradamente un centro de detención con capacidad para miles de detenidos.
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Noticia al Día/Información de El Nuevo Herald
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