El gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro, anunció un aumento histórico del 23,7 % en el salario mínimo vital, que se establecerá en 2 millones de pesos (aproximadamente US$ 535) para 2026, incluyendo el subsidio de transporte.
Este incremento, que se traduce en un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos (unos US$ 468), responde a la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, según Petro.
El presidente justificó la decisión argumentando que el aumento se basó en indicadores de inflación y productividad, además de otros factores que buscan una distribución más equitativa de la riqueza.
Sin embargo, esta medida fue tomada de forma unilateral tras el fracaso de las negociaciones con empresarios y sindicatos, lo que ha generado críticas significativas por parte de estos sectores.
Representantes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) expresaron su preocupación, advirtiendo que el incremento podría tener efectos adversos en la inflación, el empleo y la economía en general.
Se estima que cada 1 % de aumento salarial podría generar un gasto público adicional de 400.000 millones de pesos (alrededor de US$ 107 millones), lo que podría agravar la situación económica del país, especialmente en un contexto de "emergencia económica".
Los críticos sostienen que este aumento, que supera considerablemente la tasa de inflación actual del 5 %, podría llevar a un incremento en la informalidad laboral y a mayores costos para los empleadores, lo que podría amenazar la estabilidad de los empleos existentes.
Noticia al Día