En una decisión trascendental para la justicia internacional, la Sala Primera de lo Preliminar del Tribunal Penal Internacional (TPI) dictaminó este lunes que el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, se encuentra en condiciones de salud física y mental para enfrentar un proceso judicial. Con este fallo, el tribunal ha fijado formalmente para el próximo 23 de febrero la audiencia de confirmación de cargos por crímenes contra la humanidad.
La resolución pone fin a meses de incertidumbre y maniobras legales por parte de la defensa del exmandatario, quien alegaba que su avanzada edad (80 años) y diversas complicaciones de salud le impedían ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva.
El tribunal basó su decisión en los resultados de un examen médico independiente realizado a finales de 2025. Según los magistrados, aunque Duterte presenta dolencias crónicas propias de su edad, mantiene las capacidades cognitivas necesarias para comprender los procedimientos, comunicarse con sus abogados y seguir el desarrollo de las sesiones en La Haya.
"La justicia no puede quedar supeditada a estrategias de dilación cuando existen indicios sólidos de crímenes sistemáticos", señaló una fuente cercana a la fiscalía.
La vista del 23 de febrero será el escenario donde la Fiscalía, liderada por Karim Khan, presentará las pruebas que vinculan a Duterte con una campaña de asesinatos generalizados. Los puntos centrales de la acusación incluyen:
Ejecuciones extrajudiciales: Miles de muertes ocurridas entre 2011 y 2019, tanto en su etapa como alcalde de Dávao como durante su presidencia.
Ataque sistemático: La tesis de la fiscalía sostiene que la "guerra contra las drogas" no fue una política de seguridad legítima, sino un ataque deliberado contra la población civil.
Responsabilidad de mando: Se le acusa de haber instigado y permitido que las fuerzas de seguridad actuaran con total impunidad.
Duterte, quien fue trasladado a los Países Bajos en marzo de 2025 tras una sorpresiva orden de arresto, se convierte en el primer exjefe de Estado del sudeste asiático en sentarse en el banquillo de La Haya. A pesar de que Filipinas se retiró del Estatuto de Roma en 2019, el TPI ha reafirmado su jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras el país era miembro pleno del tratado.
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