El cantante Julio Iglesias ha decidido llevar a la arena judicial su enfrentamiento con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. A través de su representante legal, el penalista José Antonio Choclán, el artista ha iniciado acciones legales exigiendo una rectificación pública y una indemnización económica a la ministra de Trabajo y Economía Social, tras considerar que sus recientes declaraciones han lesionado gravemente su reputación y honor.
El conflicto emana de una serie de mensajes publicados por Díaz el pasado 13 de enero en la red social Bluesky. En dicha plataforma, la vicepresidenta se hizo eco de testimonios de antiguas empleadas del artista, calificándolos de "escalofriantes" y vinculándolos a supuestos "abusos sexuales" y a una "situación de esclavitud" bajo una estructura de poder basada en la agresión permanente. Según el escrito judicial remitido por el equipo de Iglesias, estas afirmaciones, sumadas a posteriores intervenciones televisivas de la ministra, constituyen un comportamiento "injurioso y calumnioso" que busca consolidar un prejuicio público de culpabilidad.
La defensa del cantante subraya que las acusaciones mencionadas por la política carecen de sustento judicial, recordando que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya decretó en enero el archivo de cualquier investigación al respecto por falta de jurisdicción y competencia de los tribunales españoles. En este sentido, el letrado Choclán denuncia la existencia de un "indebido juicio paralelo" promovido por un alto cargo del Estado, quien habría emitido juicios de valor sobre hechos que no han sido probados ni procesados.
En su reclamo, Iglesias exige que Yolanda Díaz admita la gravedad de sus declaraciones y reconozca el daño causado a su imagen social. El artista, que recientemente pidió a una multitud de 80.000 personas en el Camp Nou que no dieran crédito a las informaciones publicadas sobre él, ha advertido que, de no producirse una rectificación inmediata, interpondrá una querella formal ante los tribunales. Por el momento, la cuantía de la indemnización solicitada queda a expensas de la valoración del "grave daño social" producido por la difusión de estos mensajes en medios de comunicación y redes sociales.
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