En medio de los recientes anuncios en materia judicial —que incluyen la discusión de un nuevo Código Penal, reformas orientadas a una justicia más cercana a la ciudadanía y el anuncio de una ley de amnistía— el abogado penalista Juan Pablo Montiel llamó a revisar con seriedad el funcionamiento cotidiano del sistema penal venezolano y el respeto efectivo al debido proceso.
Montiel sostuvo que, más allá de los cambios normativos anunciados, existe una realidad que no puede seguir normalizándose.
“Hay una cantidad significativa de casos en los que ciudadanos han sido detenidos sin orden judicial, sin control efectivo del debido proceso y sin garantías mínimas”, afirmó.
Según explicó, en muchos de esos casos las personas son trasladadas por funcionarios a dependencias policiales, retenidas ilegalmente y sometidas a prácticas como la extorsión.
“Eso constituye un delito y, jurídicamente, un supuesto de flagrancia. No puede tratarse como un trámite lento o como una investigación ordinaria sin urgencia; exige una respuesta inmediata del Estado”, señaló.
El abogado también puso el foco en una práctica que, a su juicio, se ha vuelto recurrente y preocupante en el sistema penal venezolano: el funcionamiento de las audiencias de presentación.
“Hoy en día, en demasiados casos, las audiencias de presentación se han convertido en actos meramente formales, donde la privación de libertad se decreta casi de manera automática, bajo el argumento de una fase incipiente de la investigación, sin que el juez ejerza un control real sobre la legalidad de la aprehensión”, advirtió.
Montiel explicó que la fase inicial del proceso no exime al juez del deber constitucional de control, ni justifica la suspensión práctica de las garantías fundamentales.
“El juez está obligado a revisar si existió orden judicial o flagrancia real, si se respetó el debido proceso y si la privación de libertad es necesaria y proporcional. Cuando ese control no se ejerce, la prisión deja de ser una medida excepcional y se convierte en la regla”, agregó.
El abogado reconoció el rol del Ministerio Público dentro del sistema de justicia, pero advirtió que tampoco es suficiente frente a este tipo de situaciones.
“El Ministerio Público cumple una función fundamental y cuenta con fiscales especializados en derechos humanos. Pero no basta con que una denuncia quede en manos de un fiscal para que investigue. En casos de detenciones ilegales o abusos de autoridad, la respuesta no puede ser lenta ni diferida”, enfatizó.
Presos políticos, presos injustos y selectividad del sistema penal
Consultado sobre el debate público en torno a los llamados presos políticos, Montiel fue cuidadoso en su respuesta.
“Desde el punto de vista jurídico, esas categorías deben analizarse caso por caso. Como abogado, no me corresponde emitir juicios generales ni ideológicos”, indicó.
No obstante, advirtió que el foco del debate no puede limitarse únicamente a los casos con visibilidad política.
“Mientras se discuten situaciones de alto perfil, hay otra realidad que permanece invisibilizada: personas que no tienen ninguna vinculación política y que permanecen privadas de libertad sin pruebas suficientes, sin elementos mínimos de convicción y sin control judicial efectivo”, expresó.
A su juicio, esta situación revela un problema de selectividad del sistema penal.
“La legalidad y el debido proceso deben garantizarse para todos, no solo para los casos que generan atención mediática. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda ante la justicia”, añadió.
La dimensión social de la privación de libertad
Montiel también abordó la dimensión social del fenómeno penal, señalando que la mayoría de las personas privadas de libertad en Venezuela provienen de sectores humildes.
“Esto no es un juicio contra nadie. Es un hecho que habla más de nuestras condiciones sociales que de nuestros tribunales”, afirmó.
Explicó que la pobreza, la falta de oportunidades y la informalidad económica empujan a miles de ciudadanos a contextos donde el conflicto se vuelve inmediato y visible.
“En esos espacios, un altercado, una necesidad mal manejada o un error humano puede convertirse rápidamente en un proceso penal, no necesariamente por mala fe institucional, sino porque la vida ocurre sin red de apoyo”, dijo.
En ese sentido, sostuvo que la cárcel suele ser el punto final de una historia que comenzó mucho antes, en comunidades vulnerables, con servicios insuficientes y con una presencia tardía del Estado.
“Esto no significa afirmar que todas las personas privadas de libertad sean inocentes. Significa reconocer que el sistema penal no puede explicarse únicamente desde la conducta individual, sino también desde la desigualdad”, precisó.
¿Justicia o castigo?
Finalmente, Montiel insistió en que una reforma judicial seria debe ir más allá del castigo.
“Un Estado fuerte no es el que más castiga, sino el que previene mejor, acompaña, educa y orienta. La pobreza no puede seguir siendo una antesala de la prisión”, sostuvo.
Y concluyó:
“La justicia no debe ser un destino inevitable para quien menos tiene, sino una garantía real para todos los ciudadanos”.
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